A estas alturas del final del annus horribilis, pero no así de la crisis que nos acogota, las sorpresas y amenazas de recortes económicos y sociales no cesan. Lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a aceptar que necesitamos más de lo mismo y los pobres ciudadanos de a pie, que nada tuvimos que ver con el desastre, no ganamos para sustos. Por si fuera poco, la verdad sea dicha de paso, poco más podremos ajustarnos el cinturón, porque de seguir así terminaremos todos escuálidos y famélicos, sin trabajo, sin sueldo y sin nada que comer, pues todo se lo llevarán los impuestos y los recortes para subsanar el déficit que ocasionaron otros.
En este sentido, menudo revuelo ha despertado la misiva lanzada por Federico Fernández (subdirector general de la DGT ) cuando en las Jornadas de la Asociación Española de Carreteras, celebradas en Madrid el último fin de semana de noviembre, le dio por decir, así como el que no quiere la cosa, que construir, ordenar y gestionar las carreteras españolas no será gratuito. Poco tardaría el Director General de Tráfico en darle un soplamocos, al afirmar que lo dicho por el subdirector no "refleja" la opinión ni la forma de trabajo del organismo público, sino que son "unas declaraciones de un funcionario en un encuentro técnico con empresas, pero nada oficial".
Pero el revuelo del globo sonda no ha dejado a nadie indiferente, a no ser a la propia Asociación Española de Carreteras, que ha guardado silencio pese a que sus objetivos de gestión de las carreteras persiguen que sea avanzada, eficiente y moderna. Y ya se sabe que el que calla, otorga por que en ello va el beneficio.
Por el contrario, desde las autopistas, las asociaciones de automovilistas y los defensores de los usuarios, ya han dejado claro que en la actualidad, el propietario de un vehículo a motor ya tiene que pagar hasta veinte impuestos diferentes y, en consecuencia no han dudado en calificar la medida como "inviable" e "injusta". Vamos, que se trata de una buena navajada trapera a la ciudadanía.
También en diferentes foros, las manifestaciones de los ciudadanos se han expresado sin pelos en la lengua. Porque la ciudadanía está hasta las mismísimas narices, harta de presiones y recortes absurdos. Algunas de las lindeces recogidas se han vertido en las redes sociales, porque medidas de este tipo no solamente afectan a la cartera de los usuarios. Además deja resentirse al turismo, al mundo empresarial, a los transportistas… y sobre todo, a la seguridad vial, pues, como siempre, los más afectados nos veremos obligados a utilizar las carreteras por no poder pagar las autopistas y autovías. Porque la Movilidad Segura es cara y los que no tienen poder adquisitivo no les quedará otra alternativa que optar por arriesgar diariamente su vida o la posibilidad de sufrir más accidentes y más sanciones en la medida que se alejen de autopistas y autovías. Y es que al perro flaco, todo se le vuelven pulgas.
Pero estimo, porque precedentes ya tenemos, que con "esto de la crisis" los políticos encontrarán caldo de cultivo y razones más que de peso y solvencia para cobrar impuestos directos e indirectos de donde puedan, porque lo importante es zanjar la deuda que ellos mismos han generado. Y no siempre el fin justifica los medios. Por eso no es de extrañar que, pese a la eliminación contundente del mensaje inicial y de haber matado al mensajero, el tema se retome y lleve a efecto, más pronto que tarde, pues nada más tenemos que ver el ejemplo de nuestros buenos vecinos los portugueses. Porque cuando el río suena, agua lleva y cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
El problema es que hay que gestionar ese dinero de forma eficiente y no vale decir que lo recaudado se utilizaría para la mejora de las carreteras, como en su día se dijo que el dinero de las sanciones iría a parar a Educación Vial, pero que nunca se llevó a efecto.
(M. Castaño, 6-12-2011)
